Así se construye una movilidad amigable con la edad

Una movilidad amigable con la edad depende por lo menos de tres condiciones. La primera, que el entorno de las personas, su barrio, cuente con calles transitables y una oferta de lo básico para su día a día. La segunda, un sistema de transporte con los servicios necesarios sin ningún tipo de obstáculo. Y la tercera, una cultura ciudadana que nos permita a todos movernos por nuestra ciudad con tranquilidad.

Camila Castellanos Roncacio, líder de bienestar físico y socioemocional de la Fundación Saldarriaga Concha; Vanesa Martínez Tobón, superintendente delegada para la protección de usuarios de la Superintendencia de Transporte, y Alison Morales Salazar, investigadora del equipo de discapacidad y seguridad vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

‘¿Y si existiera un transporte amigable con la edad?’ fue el título del espacio que las reunió durante la Exposición El Barrio: La ciencia de vivir juntos de la Universidad de los Andes, que se realizó entre julio y agosto, en Bogotá.  La moderación estuvo a cargo de Ángela Constanza Jerez, cofundadora de Bienvividos y + que, junto con el Centro de Investigación Imagina de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, convocó el diálogo.

Precisamente, el barrio, entendido como una extensión del hogar de las personas, fue el primer punto al que se refirieron las expertas. En su concepto debe disponer de un espacio físico garante del derecho a la movilidad que tenemos todos.

“En el barrio es donde ocurren las actividades diarias de las personas y estas dependen de las condiciones físicas del espacio, de cómo está distribuido y de cómo esto va a incrementar o no una serie de barreras en la movilidad. Encontramos que las señalizaciones no son adecuadas. Por ejemplo, personas con baja visión requieren el uso de la señalización en el andén y en muchas ocasiones la baldosa quedó cruzada. Entonces, la persona va con su guía, pero la baldosa cambió de lugar y pierde el camino. Rampas que no cumplen con los estándares del número de grados máximo permitido para la inclinación, lo que dificulta a una persona en silla de ruedas transitar de manera autónoma. O calles rotas que generan angustia a las personas mayores y a sus familiares porque se cayeron o pueden caerse y terminan aislándolas. Todo eso son factores que no habilitan la vida en comunidad”, explicó Castellanos.

Prevención y vigilancia

Desplazarse más allá del barrio implica a las personas utilizar diferentes modos de transporte -terrestre, aéreo, fluvial, marítimo o cable-, una movilidad amigable les permitiría hacerlo de forma segura. La Superintendencia de Transporte es la entidad que hace prevención, inspección y vigilancia para que eso suceda. El primer paso que da en ese sentido es promover acciones con enfoques diferenciales entre quienes prestan el servicio.

“Buscamos que quienes operan el servicio entiendan que tiene que haber algunos ajustes razonables o algunas situaciones que prever para poder prestar un servicio amigable. Por ejemplo, para personas de talla alta o talla baja, personas en silla de ruedas o de otras corporalidades tendría que pensarse cómo van a pasar un torniquete. Se ha avanzado en algunos temas de accesibilidad, sobre todo para personas con discapacidad física”, señaló Martínez.

En cuanto a los desafíos explicó que se debe revisar cómo se está entregando la información porque el lenguaje no es claro, los tamaños de las letras de contratos y letreros no son apropiados. Además, algunos modos de transporte tienen mayores retos.

“Colombia tiene muchos ríos y allí es donde vemos un mayor riesgo y de pronto una legislación un poco más anterior, tenemos decretos de 1994. Un ejemplo, en la Cuenca Baja del Río Magdalena encontramos que el 35% de la población que se moviliza son niñas, niños y adolescentes y hay un 0% de chalecos para ellos. De los siete municipios que visitamos solo uno tenía la infraestructura donde la gente se monta a la embarcación, que son los muelles”, agregó.

Por su parte, Morales señaló que, como entidad encargada de implementar políticas públicas para prevenir siniestros viales, la ANSV hace un año abrió la línea de discapacidad y seguridad vial para lo cual esta área está realizando una investigación que ha evidenciado una falta de accesibilidad en diferentes ámbitos.

“Hay falta de accesibilidad en infraestructura porque no contamos con los espacios públicos adecuados que debería tener una movilidad amigable. No contamos con rampas, con las diferentes señalizaciones viales pertinentes para la población. Falta accesibilidad en términos comunicativos, por ejemplo, la población sorda y la población ciega no tienen las herramientas para comunicarse de manera adecuada en las vías porque el sistema no se las provee”, explicó.

Morales también señaló la falta de accesibilidad en términos económicos y de disponibilidad, pues no todos los municipios de Colombia cuentan con transportes amigables para la población con discapacidad, es el caso de buses con sistemas accesibles.

“Algunas personas que no pueden subirse a ese bus tampoco pueden hacerlo en taxi por factor económico y se ven obligadas a utilizar un mototaxi, un motocarro, que hace que sean más propensas a sufrir siniestros viales”.

En este punto advirtió que la mayoría de las bases de datos oficiales no los desagregan y por tanto no se puede saber, por ejemplo, si una persona con discapacidad fue responsable de un siniestro o si quedó involucrada de manera fortuita. Un vacío que le impide al país diseñar políticas más precisas.

La discriminación frena la movilidad

En cuanto a la cultura ciudadana, Castellanos indicó que la evidencia muestra barreras actitudinales del entorno asociadas a sesgos y estereotipos. Una de ellas es el edadismo que discrimina a las personas por la edad y otra la exclusión a quienes tiene alguna discapacidad. 

“Es el conductor del bus que decide no parar porque ve que quien está parando el bus es una persona mayor o una persona con una discapacidad física, que requiere subir la silla de ruedas. A esas personas les toma tres veces el tiempo para movilizarse porque les tocó esperar. La movilidad no debe depender de la voluntad de un conductor. Es el derecho de todas las personas de acceder al transporte público. Las barreras actitudinales son uno de esos retos significativos para la garantía del derecho a la movilidad. Aunque contemos con toda la infraestructura adecuada, requerimos que sea bien utilizada”, explicó.

Para contrarrestar todo lo señalado, la Fundación Saldarriaga Concha promueve Territorios Inclusivos, proyecto construido sobre tres capacidades: reconocer a las personas mayores y con discapacidad; transformar la oferta pública y privada para que puedan usarla y promover una cultura inclusiva en cada territorio.

Castellanos recordó el enfoque de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ciudades amigables con las personas mayores, que tiene como uno de sus pilares la movilidad y está atravesada por la accesibilidad universal.

“Podemos definir la accesibilidad universal con varios criterios, pero tres son los más importantes. El primero, la flexibilidad. ¿Qué tan flexibles son los sistemas y los ciudadanos de ese espacio compartido para aplicar e implementar lo que se disponga? Otro es la normativa con control y vigilancia para que lo contemplado se lleve a la práctica. Y un tercero que podríamos mencionar va a tener que ver con todo el ejercicio de alianzas entre las instituciones para que colaboren entre sí y articulen servicios, programas y planes que haya disponibles”, puntualizó.

Acciones desde el sector público

En el caso de la Superintendencia de Transporte además de la promoción, la inspección con investigaciones es otra de las acciones que realiza en pro de la movilidad amigable con todas las poblaciones.

“Estamos en las mesas de trabajo con los vigilados, que son quienes operan el servicio, les estamos preguntando ustedes qué protocolo tienen. Entonces, normalmente nos hablan de protocolo en temas de calidad o protocolos en temas de seguridad y buscamos que incluyan las diferencias de las personas. Esto quiere decir que nosotros primero vamos con asuntos preventivos y si no hay un eco, si no hay una respuesta, ahí sí generamos unas sanciones. Los llamados sobre todo son en accesibilidad a personas con discapacidad o personas mayores en aviones y aeropuertos”, señaló Martínez.

En su concepto se tienen avances en ese sentido, como es el caso de la guía para el transporte de personas mayores y protocolos; sin embargo, falta que se entienda que no es un favor cumplir con la garantía del derecho a la movilidad con todo lo que ello implica.

Finalmente, Morales señaló que la ANSV tiene como objetivo actualizar la normatividad vigente en relación con la movilidad para las personas con discapacidad, como es el caso del diseño del nuevo modelo de licenciamiento. De igual forma, realizar investigaciones sobre asuntos específicos para tener información relevante para las políticas públicas.

“También hemos estado realizando asistencias técnicas con las diferentes entidades del gobierno nacional, departamental y municipal, con la finalidad de que el enfoque de discapacidad se transversalice en todas las secretarías y dependencias. En ese sentido también con las políticas públicas de vejez porque encontramos que, en la mayoría de los municipios, el 80% de las personas que cuentan con discapacidad están en un rango mayor a los 60 años”, indicó.

Al igual que Castellanos y Martínez, la representante de la ANSV señaló la importancia de realizar diagnósticos e intervenciones diferenciadas en los territorios, pues dependen de los contextos. De igual forma, llevar a cabo actividades de formación con diferentes entidades para que los ciudadanos entendamos que la movilidad es un asunto que depende de todos.

“Nuestros comportamientos influyen en la manera en la que otra persona tiene una buena experiencia con la movilidad. Se requiere desarrollar una cultura vial que sea más apropiada, no solamente las personas con discapacidad, sino también otro tipo de personas que necesitan accesibilidad, por ejemplo, una mamá que se moviliza en el coche con su niño y una persona mayor. Es importante señalar también a los centros de enseñanza automovilística y a las instituciones educativas para que concienticen sobre estos asuntos”, aseguró.