Solo 2,2 millones de personas mayores que viven en Colombia, cerca del 28,5% del total de esta población, accede a una pensión y el 70% de ellas recibe entre uno y dos salarios mínimos, que no son suficientes para su bienestar porque usualmente sostienen a hijos, nietos y otros dependientes.
Aunque transferencias sociales de gobiernos locales y el gobierno nacional, como es el caso del programa Colombia Mayor, han ampliado esa cobertura hasta un 38%, más de 2,5 millones de personas mayores no tienen ningún tipo de protección económica, lo que representa el 32%.
En este escenario, la informalidad resulta ser el salvavidas. Marisol Acosta, ingeniera industrial, exdirectiva de Colpensiones y miembro fundadora de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad (ANDEL), asegura que la informalidad supera el 55% en la población general y en el caso de las personas mayores se acerca a 75%. Un asunto de la mayor trascendencia que debe ser tratado en las conversaciones que está teniendo Colombia en relación con el envejecimiento. Así lo manifestó durante el segundo foro de Longevidad y Centenarios: La Oportunidad del Siglo XXI, convocado por la Academia Nacional de Medicina de Colombia en Bogotá.
Según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el denominado «rebusque» o trabajo informal aumenta con la edad: el 47% de las personas entre 50 y 54 años depende de esta actividad y la cifra se eleva al 78% en los mayores de 75 años. Esta situación se agrava por la discriminación laboral que enfrenta este grupo poblacional. De hecho, las personas de 50 años o más representan el 27,6% de la población ocupada en Colombia. El estudio de Generaciones 2025, realizado por Michael Page, reveló que una de cada dos personas mayores de 50 años ha sufrido discriminación en el ámbito laboral.
Alternativas para acceder a una pensión
«A mí no me preocupa trabajar, yo lo sé hacer. A mí lo que me preocupa es que tengo que seguir trabajando para siempre”, son las palabras de Marta, una señora mayor que vive en la informalidad y que recordó Any Benítez, consultora, asesora en pensiones y exvicepresidenta de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), durante el mencionado foro.
En virtud de la experta, la mayoría de los trabajadores transita durante su vida entre empleos formales, informales y períodos de desempleo, lo que genera huecos en la historia laboral que hacen casi imposible acumular las semanas necesarias para pensionarse. En ese sentido la mitad de las personas ha cotizado menos del 25% del tiempo necesario para obtener una pensión. Solo uno de cada cuatro cotizantes logra ese derecho.
“La informalidad no solo explica un presente laboral, explica un futuro incierto en la vejez. Es sinónimo de ingresos bajos, inestables, trabajo precario, sin protección social”, señaló. En su concepto, Colombia ha avanzado en tres soluciones que deben conocerse y escalarse.
La primera es el programa BEPS, administrado por Colpensiones. Está diseñado para quienes ganan menos de un salario mínimo y no pueden cotizar al sistema pensional tradicional. Se trata de un ahorro voluntario para la protección de la vejez que se entrega al afiliado cada dos meses durante toda su vida, una vez llega a la edad de retiro.
El ahorro es flexible y se puede aplicar desde los 18 años para personas con ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, no se cotiza obligatoriamente por semana o por mes, el aporte es voluntario. Se puede empezar desde $20.000 y el máximo anual para 2026 es de $2.450.000. No tiene costo de administración y el Estado otorga un subsidio del 20% sobre los ahorros acumulados.
Lo más importante es que esos ahorros pueden convertirse en semanas de pensión a través del Sistema de Equivalencias. Ahorrar el tope anual equivale a 37 semanas, un dato relevante para quienes tienen cotizaciones parciales y les falta poco para completar el requisito.
María Teresa Vásquez es la mujer antioqueña que el 18 de octubre de 2022, a sus 66 años, fue la primera persona en recibir su pensión a través del programa de ahorro con BEPS. Este programa fue establecido con el decreto 1494 del 2022, que transformó el sistema de protección a la vejez.
La segunda alternativa es la cotización por semanas, una modalidad para quienes trabajan entre uno y siete días. La ley 2466 de 2025 consolidó su base legal. Se trata de una modalidad pensada para personas que ya cuentan con cobertura en salud, ya sea porque están en el régimen subsidiado o porque son beneficiarias de un cotizante, y que trabajan jornadas parciales o por días.
Si una persona trabaja entre uno y siete días en el mes, su cotización mínima será de una semana y el monto de ingreso básico de cotización (IBC) será de $437.726, aproximadamente.
Sobre ese monto básico se puede aportar a pensión. Para riesgos laborales (ARL), en cambio, se cotiza sobre un salario mínimo completo, así la persona haya laborado solo un día, garantizando su protección ante accidentes de trabajo. Y sobre esa misma base de cotización semanal se puede aportar también a la caja de compensación familiar.
Este esquema es de manera especial para las empleadas domésticas porque todos los empleadores tienen la obligación de pagarles la seguridad social por semana si no trabajan tiempo completo: ya sea que laboren entre uno y siete días, o entre ocho y 14 días. Esto se puede hacer a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), utilizando el tipo de cotizante 51, que corresponde a «trabajador de tiempo parcial» o aportes por semanas.
La tercera y última solución que señaló Benítez es la determinación de la Corte Constitucional en la sentencia 197 de 2023, en ella estableció que las mujeres se pensionarán con 1.000 semanas en lugar de 1.300, en reconocimiento al trabajo de cuidado que interrumpe sus trayectorias laborales. La reducción comenzó de forma progresiva en 2026.
Como señalaron los expertos durante el foro, existen alternativas para que personas como Marta, que llevan décadas trabajando sin esperanza de parar, puedan acceder a una pensión; el reto es que las políticas públicas las escalen y tengan en cuenta la realidad de millones de colombianos que envejecen en la informalidad.
